- 19 noviembre, 2020
- Posted by: 153castellana
- Categories: Despacho, Impuestos, Noticias, Nuestros Casos, Plusvalía
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional en mayo de 2017 en la que establecía que los ayuntamientos no pueden cobrar el -el tributo conocido como Plusvalía- en aquellos casos en los que los bienes se haya transmitido con pérdidas, nuestro Despacho 153 Castellana Law Firm se ha especializado en la defensa de los intereses de los clientes que han tenido que desembolsar cantidades de dinero que no le correspondían tras haber vendido una propiedad.
De hecho 153 Castellana Law Firm ha obtenido en lo que va de año varias sentencias favorables en aquellos casos en los que nuestros clientes han acreditado que realizaron la venta de una vivienda por un importe inferior al precio que abonaron cuando la adquirieron, a pesar de lo cual el ayuntamiento del municipio donde se encuentra la propiedad acordó obligarle al pago de una cantidad económica en concepto de plusvalía municipal.
Una de estas últimas sentencias ha tenido como beneficiario a un vecino de Ayamonte (Huelva), quien tuvo que abonar 3.426 euros en concepto de plusvalía tras vender un inmueble. La sentencia dictada por un Juzgado obliga al Ayuntamiento de Ayamonte a devolverle esta cantidad de dinero a este vecino representado por nuestro despacho 153 Castellana Law Firm tras considerar que no corresponde la liquidación aprobada por el Consistorio respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Hay que tener en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales “en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.
153 Castellana Law Firm recomienda a las personas que hayan tenido que pagar una Plusvalía que no le corresponde que reclamen y luchen contra la habitual estrategia de muchos ayuntamientos de querer aplicar unos criterios para el cobro de este impuesto que la Justicia ha tumbado de forma clara.