- 6 diciembre, 2021
- Posted by: 153castellana
- Categories: Concursos de Acreedores, Derecho Concursal, Derecho de Empresa, Despacho
El despacho 153 Castellana Law Firm sigue reforzando sus servicios de apoyo a la solvencia de las empresas puesto que el año 2022 impulsará la necesidad de que las compañías afronten la reestructuración de su situación patrimonial ante el fin de la moratoria concursal y de las ayudas. Las operaciones de reestructuración y refinanciación de empresas es uno de los servicios más destacados de este despacho con sedes en Madrid, Sevilla y Huelva.
Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2022 la medida que permite a las empresas en situación de insolvencia no tener el deber de solicitar la declaración de concurso. Con esta medida tampoco se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores. También se congelan las causas de disolución de una empresa, ya que no computarán las pérdidas del ejercicio 2021.
Por todo ello, la firma 153 Castellana Law Firm considera que la necesidad de que las empresas reestructuren su situación patrimonial y financiera no ha desaparecido y sigue más presente que nunca. Es una necesidad que ha estado en la agenda de muchas empresas durante el año 2021 y se impulsará en los próximos meses teniendo en cuenta el fin de las moratorias a mitad de 2022.
A todo esto hay que unir otras dos situaciones de especial relevancia: el vencimiento de las carencias de principal de los préstamos ICO que tendrá lugar en el segundo trimestre de 2022 la entrada en vigor también a mitad del próximo año de la nueva Ley Concursal que transpone la Directiva de Marcos de Reestructuración Preventiva en las empresas.
Es cierto que la pandemia ha acelerado los procesos de reestructuración de las empresas que ya tenían problemas de insolvencia. Pero la gran avalancha de operaciones llegará en 2022, teniendo además en cuenta que la recuperación del mercado y de la actividad en España no está siendo tan potente como se esperaba.
Otro aspecto clave son las consecuencias que puede tener que las empresas no tomen medidas concretas para hacer frente a la insolvencia y que lo fíen todo a la moratoria concursal. Y es que la moratoria no suspende la responsabilidad de los administradores de las empresas. A este respecto, 153 Castellana Law Firm aclara que en los concursos que se inicien cuando pase la moratoria concursal tendrá un valor esencial a pieza de calificación.
Los tribunales deberán valorar si el hecho de que los administradores no hayan solicitado la declaración de concurso durante los años 2020 y 2021, aprovechando la suspensión de esa obligación, es un hecho susceptible de ser considerado a estos efectos como perjudicial para los acreedores. Está en riesgo que se declare culpable el concurso con las consecuencias que ello tiene para los administradores de una sociedad.
Por esto cobra toda la importancia afrontar decisiones y medidas concretas como diseñar las operaciones de reestructuración y refinanciación que permitan a la empresa demostrar que ha intentado o está intentando salir de una situación de insolvencia.